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Análisis jurídico de la libertad de expresión de las feministas

El caso de Lidia Falcón, histórica feminista, célebre abogada y política y Presidenta del Partido Feminista de España, se convirtió en un símbolo de los casos de acoso judicial dirigido contra las feministas en España. Este proceso, desestimado en febrero de 2021, fue uno de los primeros en el que la acusación de transfobia fue utilizada como instrumento para intentar silenciar a una figura feminista que se oponía al entonces proyecto de ley trans.

Su caso evidencia cómo se puede instrumentalizar el sistema judicial para coaccionar a quienes defienden los derechos de las mujeres, afectando de manera significativa el derecho fundamental a la libertad de expresión.

El Caso de Lidia Falcón: contexto y antecedentes

Lidia Falcón fue denunciada en 2019 por parte de la persona titular de la presidencia de la Federación Plataforma Trans, debido a comentarios que, según la denuncia, incitaban al odio contra el colectivo trans. Entre las declaraciones, Falcón expresó críticas hacia las proposiciones de ley trans estatal que entonces estaban debatiéndose, afirmando que abría la puerta a la explotación de mujeres mediante la legalización de los vientres de alquiler y otras alegaciones sobre lo que supone la adopción por parte del Estado de las políticas del transgenerismo queer.

La denuncia fue ampliada posteriormente por la Generalitat de Catalunya a petición de una asociación trans, lo que prolongó el proceso. A lo largo del mismo, Falcón fue acusada de incitar al odio y de haber cometido supuestamente amenazas y agresiones ideológicas hacia las personas trans, por lo que le pedían cinco años de cárcel.

Según consta en el escrito de Diligencias de Investigación de la Fiscalía, publicado por el Diario El Común, se archivó finalmente el caso de Lidia Falcón en 2021, argumentando que sus declaraciones no constituían delito, sino que se enmarcaban dentro de un debate político legítimo sobre la ley trans. Estas críticas, aunque polémicas, resultaban adecuadas al análisis político de las implicaciones de la ley para los derechos de las mujeres; por lo que, según la Fiscalía, no constituían un delito de odio.

¿Por qué el caso de Lidia Falcón resultó emblemático?

Como bien señaló la filósofa feminista Rosa Cobo en una entrevista de Nuria Coronado, para el Diario el Común, «Lidia Falcón es la coartada», es decir, es la mujer símbolo que se seleccionó para fabricar sobre ella un relato incriminatorio, basado en evidencias tendenciosas o manipulaciones de lo hechos para hacer parecer que era culpable de delito de odio. No es casualidad que se haya elegido a una de las feministas más célebres de España, ampliamente conocida por su defensa comprometida de los derechos de las mujeres y niñas, y presidenta del que por entonces era el único partido feminista en España.

En este caso, Lidia Falcón fue objeto de una campaña que buscaba no sólo censurarla, sino también intimidarla y desprestigiarla para que desistiera de su posición pública contra la ley trans. A través del acoso judicial se persigue dañar la reputación de la persona afectada, generarle estrés emocional, costes financieros y la pérdida de tiempo y esfuerzos que demandan afrontar una denuncia ante la Fiscalía, buscando el doble objetivo de someterla y de disuadir a las demás.

Este tipo de acoso afecta especialmente a las mujeres feministas que defienden los derechos basados en el sexo, quienes son atacadas por disentir de las nuevas corrientes ideológicas que pretenden imponer la identidad de género sobre el sexo biológico.

Este archivo de caso resultó determinante sobre el límite entre la libertad de expresión y las acusaciones de transfobia, porque puso de manifiesto que la Libertad de expresión es un derecho cardinal para la construcción de la democracia, razón por la cual está protegido por la Constitución española, la Declaración Universal de los DDHH, la CEDAW y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. De ahí que el Tribunal Constitucional señale que esta libertad juega un papel preferente en las sociedades democráticas, sin la cual no es posible hablar de democracia.

De haberse estimado la denuncia, se habría criminalizado al feminismo, se habría condicionado el activismo feminista en redes, entorpeciendo el ejercicio de la libertad de expresión de las mujeres y desmantelando uno de los derechos más importantes en democracia.   

Al igual que muchas otras feministas contemporáneas, como Maya Forstater, Christina Ellingsen, Ana Julia Di Lisio, Lucía Etxebarria, Carola López, Raquel Rosario, Laura Favaro y Yasmina Lozano, el acoso judicial al que fue sometida Lidia Falcón no sólo no la ha doblegado, sino que ha reforzado su compromiso inquebrantable con la lucha por los derechos de las mujeres y niñas.