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Análisis jurídico a propósito del Día Mundial de la IVE Legal y Segura

Como cada 28 de septiembre, se conmemora el Día por la Despenalización y Legalización del Aborto, convocado por el movimiento feminista de los distintos países para exigir a sus respectivos gobiernos la legalización de la interrupción voluntaria de los embarazos (IVE) y la garantía del acceso al mismo, con el objetivo el reducir las muertes de las mujeres y niñas por abortos inseguros.

La conmemoración de este día debe invitar a reflexionar sobre un tema de vital importancia: el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos y a acceder a servicios de salud sexual y reproductiva seguros y de calidad y, sobre todo, el derecho a acceder a la educación sexual y métodos anticonceptivos para evitar embarazos no deseados.

En este artículo analizamos nuestros derechos sexuales y reproductivos a la luz de los datos presentados por el Ministerio de Sanidad sobre el estado de la cuestión, caracterizados por una realidad compleja, donde coexisten avances significativos con desafíos persistentes y retrocesos preocupantes.

Los datos

De acuerdo con el Registro Estatal de IVE publicado por el Ministerio de Sanidad, coincidiendo con el Día de la Acción Global por el Acceso a la IVE Segura, España experimentó un notable incremento en el número de interrupciones voluntarias del embarazo en 2023. Con un total de 103.097 casos, la tasa se elevó a 12,22 por cada mil mujeres en edad fértil, superando las cifras de los últimos años y evidenciando un aumento sostenido desde 2014.

Este dato pone de manifiesto una mayor demanda de este servicio y la necesidad de garantizar un acceso seguro y equitativo para el ejercicio de este derecho y plantea importantes desafíos y dificultades para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, poniendo de manifiesto el hecho incontrovertible que suspendemos en educación sexual y que el acceso a la pornografía en chicas y chicos está comprometiendo seriamente los avances logrados en décadas pasadas.

Retos que plantea el aumento de las IVE

En primer lugar, es innegable que España ha avanzado considerablemente en la garantía del derecho al aborto. La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, ha mejorado la situación en la protección de los derechos de las mujeres y las garantías para practicarlo, especialmente al haber penalizado el acoso a las mujeres y a los centros médicos donde se practican las IVE.

El aumento del número de interrupciones voluntarias del embarazo en los últimos años, especialmente en mujeres jóvenes, es una señal de alarma. Si bien es cierto que este incremento puede deberse en parte a una mayor conciencia sobre los derechos sexuales y reproductivos y a un acceso más fácil a los servicios, también refleja la necesidad de reforzar las políticas de prevención de embarazos no deseados a través de una educación sexual integral y el acceso universal a métodos anticonceptivos.

Es preocupante observar que el 46,50% de las mujeres que interrumpieron sus embarazos no utilizaban ningún método anticonceptivo. Esta cifra pone de manifiesto la importancia de invertir en programas de educación sexual que responsabilicen a las mujeres y hombres jóvenes y les proporcionen las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas sobre su sexualidad y reproducción.

Por otro lado, la concentración de IVE en centros privados y la desigualdad en el acceso a estos servicios entre las diferentes comunidades autónomas, donde se siguen poniendo trabas a las mujeres y al personal sanitario, así como los registros de objetores de conciencia del personal sanitario que se niega a practicar las IVE, son cuestiones que requieren intervención de las autoridades para su solución. Resulta muy significativo que, según señala la Ministra de Sanidad, » sólo dos de cada diez abortos se realizan en la sanidad pública». Es fundamental garantizar que todas las mujeres, independientemente de su lugar de residencia o nivel socioeconómico, tengan acceso a servicios de aborto seguros.

La OMS ha advertido reiteradamente sobre los riesgos para la salud de las interrupciones voluntarias de los embarazos en condiciones no seguras. Las complicaciones derivadas de estas prácticas constituyen una de las principales causas de muerte materna a nivel mundial. En este sentido, la legalización y despenalización del aborto no sólo es una cuestión de derechos humanos, sino también un imperativo de salud pública.

La IVE es un derecho fundamental de las mujeres

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención sobre los Derechos del Niño reconocen el derecho de las mujeres a decidir libremente y responsablemente el número y el espaciamiento de sus hijos. Estos instrumentos internacionales obligan a los Estados a adoptar medidas para garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva, incluida la información, la educación y los servicios de planificación familiar.  La CEDAW ha sido interpretada en numerosas ocasiones por los órganos de control de la ONU como un instrumento que garantiza el derecho al aborto en determinadas circunstancias.

La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y del Tribunal Constitucional español ha jugado un papel fundamental en la evolución del derecho al aborto. Aunque no existe una sentencia del TEDH que reconozca explícitamente el derecho al aborto como un derecho humano fundamental, el Tribunal ha emitido diversas sentencias en las que ha subrayado la importancia de la autonomía de la mujer y la necesidad de garantizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.

En España, el Tribunal Constitucional ha reconocido el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho fundamental derivado de otros derechos reconocidos en la Constitución Española, como el derecho a la vida, a la integridad física y moral, la dignidad y a la libertad.

La lucha por garantizar el acceso universal al aborto seguro y legal es una lucha por la justicia social y la igualdad entre mujeres y hombres. Es necesario seguir trabajando para garantizar el acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, fortalecer los programas de educación sexual integral. Sólo así podremos garantizar que todas las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos, porque los derechos sexuales y reproductivos constituyen el epicentro de nuestros derechos, de ahí que sean los derechos más controlados por el Estado, la sociedad, las instituciones, las religiones y el conjunto de los hombres.