JuristaFeminista

El aumento los casos de situaciones de acoso sexual, intimidación y otras formas de violencia y discriminación que sufren las mujeres que trabajan en plataformas digitales de reparto pone de manifiesto una nueva forma de expresarse la violencia contra las mujeres y una nueva causal de indefensión, pues pese a que estas conductas violan gravemente su dignidad, intimidad y libertad personal y sexual, no existen actualmente medidas específicas para protegerlas, y son débiles las reivindicaciones concretas a favor de las mujeres por parte del colectivo que se dedica a esta actividad, así como de los sindicatos que apenas empiezan a reaccionar.     

Algunas riders han denunciado a los medios que ciertos clientes, amparados en actitudes machistas, las reciben desnudos, con comentarios o insinuaciones sexuales, a menudo en grupos de hombres, exigiendo que sigan el juego bajo la amenaza de no pagar o de calificarlas negativamente en las aplicaciones que gestionan su trabajo diario. Según afirman, el acoso sexual se ha incrementado tras la pandemia, mientras plataformas como Glovo, Deliveroo, Uber Eats o Just Eat agravan el problema al exponerlas públicamente al incluir sus fotografías y números de teléfono, dejándolas en situación de vulnerabilidad ante hombres violentos. Este tipo de trato, independientemente de que implique contacto físico o no, constituye una forma de violencia contra las mujeres y debe abordarse desde la protección legal, bien en el ámbito laboral y penal.

Los casos de acoso sexual y otras graves infracciones al derecho de las riders a desempeñar su trabajo en condiciones dignas en materia de libertad sexual que denuncian las repartidoras en los medios, reflejan una problemática sistemática en la que las mujeres se ven expuestas cada vez que surge una nueva forma de trabajo. 

Al difícil entorno de la economía digital, caracterizada por la precariedad y la falta de protección jurídica adecuada, se le suman las dificultades en las que deben desarrollar su actividad, pues el trabajo del sector de los repartos se realiza en un espacio que le es ajeno y que puede llegar a ser hostil para las mujeres, marcado por el acoso sexual y la violencia simbólica que deben afrontar las mujeres tanto por parte de clientes en sus casas, como por parte de clientes, compañeros de trabajo y transeúntes en las calles.  

Discriminación y violencia sexista estructural

Los casos de acoso sexual a las riders pone de presente una clara discriminación de sexo en el trato hacia las trabajadoras, que es sistemática y habitual en la práctica laboral. Tal como señala el informe de Comisiones Obreras (2020), el 61% de las trabajadoras de reparto en plataformas digitales sufren discriminación y sexismo por el simple hecho de ser mujeres.

Este dato evidencia que el problema es una manifestación de una cultura laboral profundamente sexista, que perpetúa la desigualdad entre mujeres y hombres y que pone de presente la necesidad de regular el sector para garantizar que los derechos de la clase trabajadora y el mandato de igualdad de oportunidades, que incluye la lucha contra el sexismo y la discriminación, también llegue a este sector productivo, donde la precariedad y la desprotección legal son la regla, porque no existe un lugar de trabajo como tal, no existen protocolos antiacoso, ni planes de igualdad ni regulación específica del sector.   

Necesidad urgente de una regulación legal que proteja a las riders

El acoso sexual y la vulneración de la intimidad y libertad a la que se exponen las repartidoras a estas situaciones abusiva constituyen una clara infracción de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Española, el Estatuto de los Trabajadores y la protección penal frente a la libertad sexual, violatorias de los derechos al honor, la intimidad personal y la propia dignidad por exponerlas a situaciones objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante. 

En vísperas dela conmemoración del día Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer la necesidad de regular la protección de los derechos laborales de las repartidoras es urgente y debe hacerse desde una perspectiva feminista, garantizando la igualdad real en el acceso y la ejecución del trabajo, así como la protección frente a cualquier forma de acoso o violencia.

En este sentido, la responsabilidad recae tanto en las plataformas que deben garantizar la protección de los derechos de las repartidoras, así como en el Ministerio de Trabajo, que debe velar por que las leyes de igualdad se apliquen de manera efectiva en todos los ámbitos laborales, incluida la economía de plataformas, impulsando desde el Gobierno medidas específicas dirigidas a proteger los derechos de las mujeres en este sector.