11/1/24 by Jurista Feminista en Crónica Libre
El día de la conmemoración del 76º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU y en el mes en que celebra el 20º aniversario de la ley de Violencia de Género, es necesario abordar una de las formas más crueles de violación de los DDHH que sufren las mujeres y sus hijas e hijos: la violencia que procede del Estado y sus instituciones. Y es que, en ocasiones, para muchas madres y víctimas de violencia machista, lo que debería ser un espacio de amparo y justicia se convierte en un lugar de revictimización y sufrimiento que, en los casos más extremos, han terminado con las madres protectoras en prisión.
Este fenómeno se conoce como violencia institucional y representa una forma de violencia sistémica que procede del Estado y sus instituciones; que, en muchos casos, suele propiciar la violencia mediática contra las madres protectoras, perpetuando la misma dinámica violencia contra las mujeres que las instituciones deberían combatir y erradicar.
La violencia institucional puede ser definida como toda acción u omisión ejercida por autoridades y personal al servicio de la función pública que obstaculiza, retrasa o impide el acceso a derechos y políticas públicas contra la violencia machista. Se manifiesta tanto en actos graves individuales como en patrones sistemáticos de discriminación, falta de atención, revictimización, negligencias y la producción o interpretación legislativa que resulte discriminatoria contra las mujeres. En la ley catalana 17/2020 se define en términos parecidos.
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