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En estos tiempos en que hablamos de forma cotidiana de la Constitución, las leyes, amnistías, procesos judiciales contra altas autoridades del Estado o personas de su círculo cercano, hay una palabra con la que empezamos a familiarizarnos: el Estado de Derecho.

Imagina por un momento una sociedad donde el poder no reside en un monarca, ni en un líder carismático, ni siquiera en una mayoría aplastante. Una sociedad donde la verdadera soberana es invisible, pero omnipresente, que manda, prohíbe, permite y castiga y que se dirige al conjunto de la sociedad. Esa soberana es la ley.

Esa es, en esencia, la promesa del Estado de Derecho, uno de los conceptos más revolucionarios, poderosos y, a la vez frágiles, de la civilización moderna.

¿Qué es el Estado de Derecho?

Es un principio fundamental que establece que todas las personas, instituciones y autoridades están sometidas al imperio de la ley, es decir, no hay nada ni nadie por encima de la ley.

La lucha contra la arbitrariedad

La historia del Estado de derecho es, en realidad, la historia de una batalla milenaria contra la arbitrariedad. Durante siglos, el poder político se ejerció de forma caprichosa: la voluntad del gobernante era ley. Pero algo cambió cuando pensadores como John Locke y Montesquieu comenzaron a formular una idea subversiva: ¿y si el poder mismo pudiera ser domesticado por reglas objetivas? ¿Y si ninguna autoridad, por poderosa que fuera, pudiera situarse por encima de ellas?

El Estado de derecho emerge así como un principio de gobernanza donde todas las personas, instituciones y entidades, tanto públicas como privadas, quedan sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se aplican con independencia y se hacen cumplir por igual. No se trata de un mero ideal filosófico: es un mecanismo de ingeniería institucional diseñado para prevenir que el poder se convierta en tiranía.

La arquitectura del poder limitado

El conflicto que resuelve el Estado de derecho es tan antiguo como la política misma: ¿cómo evitar que quien tiene el poder abuse de él? La respuesta no está en encontrar gobernantes perfectos, porque no existen; sino en construir un sistema donde el abuso resulte estructuralmente difícil.

La supremacía de la ley constituye el primer pilar de este edificio. Significa que ninguna autoridad, ni siquiera el gobierno en su conjunto, puede situarse por encima del ordenamiento jurídico. Las decisiones de los funcionarios no pueden basarse en preferencias personales o conveniencias políticas, sino en la legislación vigente. Es un principio aparentemente simple, pero de consecuencias extraordinarias: convierte al gobernante en servidor de la ley, no en su dueño.

La igualdad ante la ley añade una dimensión moral crucial. No basta con que existan normas: estas deben aplicarse de forma uniforme. La ley debe ser la misma para todas las personas: las poderosas o débiles, las ricas y las pobres, las influyentes y la anónimas merecen idéntica protección jurídica. Cuando esta igualdad se quiebra, el Estado de derecho comienza su lenta agonía.

La separación de poderes funciona como un sistema de frenos y contrapesos. Legislativo, ejecutivo y judicial operan en esferas distintas, vigilándose mutuamente. Es una arquitectura institucional basada en la desconfianza: parte del supuesto realista de que el poder tiende a expandirse, y que solo otro poder puede contenerlo.

La protección como destino

Pero el Estado de derecho no es solo un conjunto de limitaciones al poder; es también un escudo protector. La garantía de derechos fundamentales transforma al ciudadano de súbdito pasivo en titular activo de libertades. Los derechos civiles y políticos dejan de ser concesiones graciosas del gobernante para convertirse en ámbitos inviolables de autonomía individual.

La legalidad de la administración exige que cada acción gubernamental encuentre respaldo en una norma previa. El Estado no puede improvisar, no puede actuar «porque sí». Esta exigencia transforma la gestión pública en una actividad jurídicamente reglada, predecible y controlable.

La tutela judicial efectiva cierra el círculo al garantizar que exista un sistema de justicia independiente e imparcial. No basta con proclamar derechos; debe existir un mecanismo real para defenderlos cuando son vulnerados. Un poder judicial sometido al ejecutivo o al legislativo es una contradicción en los términos: el Estado de derecho requiere jueces que solo obedezcan a la ley.

Finalmente, la transparencia y rendición de cuentas aseguran que las leyes sean públicas y que los funcionarios respondan por sus actos. El poder ejercido en la oscuridad es poder sin control. La publicidad de las normas y la responsabilidad de los servidores públicos son oxígeno para la democracia constitucional.

En búsqueda del equilibrio

El Estado de derecho no es una conquista definitiva, sino un equilibrio inestable que cada generación debe defender. Su verdadera fortaleza no reside en textos constitucionales elegantes, sino en una cultura cívica que lo considere irrenunciable. Porque, al final, el Estado de derecho es algo más que un sistema jurídico: es una decisión colectiva de vivir bajo reglas comunes, donde nadie, sin excepción, pueda reclamar para sí un poder sin límites.

En tiempos de crisis, cuando las urgencias apremian y las soluciones fáciles seducen, el Estado de derecho se revela como lo que siempre fue: no un obstáculo para la acción eficaz, sino la única garantía de que esa acción no se convierta en arbitrariedad. Es el precio que pagamos por vivir en sociedades libres y democráticas. Y sigue siendo, siglos después de su formulación, una apuesta extraordinariamente audaz: la idea de que la ley puede ser más fuerte que la fuerza.

«No hay mayor tiranía que la que se perpetra bajo el escudo de la ley y en nombre de la justicia», Montesquieu

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