La violencia machista ha encontrado en el espacio digital un terreno fértil, expansivo y profundamente impune. No se trata de un fenómeno colateral del avance tecnológico, sino de una de las manifestaciones más agresivas y menos reguladas de la desigualdad estructural que padecen mujeres y niñas. Y, sin embargo, nuestro marco jurídico aún no está respondiendo con la contundencia que exige una amenaza que erosiona no solo derechos individuales, sino la propia calidad democrática.
Los datos son incontestables. Según el último informe de ONU Mujeres, publicado en diciembre, el 70 % de las mujeres en el mundo ha sufrido violencia digital, y casi la mitad ha experimentado agresiones físicas vinculadas a esos ataques en línea. No es sólo que la violencia se traslade al entorno digital: es que el entorno digital potencia, reproduce y escala esa violencia. La tecnología amplifica el daño y diluye la responsabilidad.
La tecnología como multiplicador del daño
Esta semana, la Premio Nobel de la Paz María Ressa alertaba en la Universidad de Columbia de una realidad que ya no podemos soslayar: la alianza entre violencia y tecnología puede ser letal. Ressa subrayaba que la impunidad frente a la violencia digital contra las mujeres está “facilitada por la tecnología”, hasta el punto de amenazar no solo la integridad de las víctimas, sino la salud de nuestras democracias.
No exagera. La llegada de la IA generativa ha inaugurado un nuevo estadio del daño: desnudos falsificados, simulaciones de violación, alteraciones de rostros o cuerpos sin consentimiento; contenidos que antes requerían sofisticación técnica y hoy se producen en segundos y se viralizan en minutos. Como recordó la investigadora Julie Posetti, una mujer vio cómo se difundía un vídeo generado con IA en el que aparecía drogada y preparada para ser violada. No existe “tecnología” inocente cuando sus usos dañan vidas reales.
El derecho, de nuevo a contrarreloj
España ha dado pasos relevantes al reconocer esta forma de violencia dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
El texto reconoce la violencia digital como «todo acto de violencia contra las mujeres cometido con la asistencia, en parte o en su totalidad, del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones». Este reconocimiento responde a la creciente utilización de medios digitales como instrumentos de acoso, control y violencia contra las mujeres. También se recoge sancionar a quienes, sin consentimiento, publiquen o difundan fotos modificadas con inteligencia artificial, simulando situaciones de contenido sexual o gravemente vejatorias.
Ese reconocimiento político es clave: nombra la realidad y obliga a actuar. Sin embargo, las normas vigentes no alcanzan a cubrir los escenarios que la tecnología está generando. Necesitamos legislación específica y efectiva, con cuatro pilares:
- Reconocimiento jurídico claro de la violencia digital como violencia machista, con todas sus manifestaciones: desde la suplantación y la difusión no consentida de imágenes hasta las agresiones producidas mediante IA.
- Responsabilidad reforzada para plataformas y proveedores tecnológicos, que deben asumir obligaciones de diligencia, transparencia y retirada rápida de contenidos dañinos.
- Protección integral de las víctimas, incluyendo medidas urgentes de eliminación de contenidos, reparación reputacional y apoyo psicológico y jurídico especializado.
- Cooperación internacional, porque los daños digitales no entienden de fronteras, pero los procesos judiciales sí.
Las reformas anunciadas por el Gobierno no pueden limitarse a ajustes cosméticos de leyes existentes. Deben constituir un nuevo marco legal capaz de atajar la violencia digital con la misma contundencia con la que abordamos otras dimensiones de la violencia de género.
Un derecho fundamental a no ser borradas del espacio público
La violencia digital no es un ataque aislado a la intimidad o a la imagen: es un intento sistemático de expulsar a las mujeres del espacio público. Como recuerda Posetti, esta violencia es hoy “una amenaza creciente para la participación democrática de las mujeres”, especialmente en tiempos de autoritarismo emergente y misoginia organizada.
Si una periodista, una política, una activista o una adolescente tiene que enfrentarse a amenazas, a montajes sexuales o a campañas de difamación cada vez que alza la voz, ¿qué tipo de democracia estamos construyendo? La libertad de expresión no puede ser el escudo tras el que se proteja quien agrede, mientras se silencia, por miedo, a quien ejerce su derecho a participar.
La urgencia es ahora
No podemos permitir que la tecnología siga siendo usada como arma para perpetuar violencia, la desigualdad y el intento de control sobre el cuerpo y la imágen de las mujeres. La legislación debe adaptarse al siglo XXI con la misma rapidez con la que se transforman los métodos de agresión. No actuar significa aceptar que millones de mujeres seguirán viviendo bajo la amenaza constante de un daño que no cesa cuando apagan la pantalla.
La violencia digital es violencia machista y es una forma de violencia real, que daña y lesiona la dignidad y los derechos fundamentales de las mujeres y niñas. Combatirla es una obligación jurídica, democrática y ética, que no puede esperar.
Jurista Feminista. La imagen ha sido generada por IA
JuristaFeminista 
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