
Treinta años han pasado desde aquel 14 de febrero de 1996 en que un pistolero de ETA irrumpió en el despacho universitario de Francisco Tomás y Valiente para asesinarlo a quemarropa. Tres décadas después, la imagen del catedrático inclinado sobre sus papeles, sorprendido en el espacio que él consideraba sagrado, la universidad, el pensamiento, la palabra, sigue siendo una de las estampas más devastadoras de la ofensiva terrorista contra la democracia española.
Pero también es, paradójicamente, una de las que mejor simboliza la fortaleza del Estado de Derecho: porque Tomás y Valiente no fue sólo una víctima del terrorismo; lo fue precisamente por haber sido uno de los arquitectos intelectuales de la España constitucional, un jurista comprometido, que entendió que la democracia no se defiende únicamente con leyes y sentencias, sino con convicciones.
Un jurista que ayudó a construir la democracia
En su calidad de Presidente del Tribunal Constitucional (1986 y 1992), Tomás y Valiente contribuyó decisivamente a consolidar la cultura constitucional en un país que aún aprendía a vivir en libertad. Su magisterio se caracterizó por:
– Una defensa firme de los derechos fundamentales y su eficacia directa, especialmente la libertad de expresión y la autonomía personal.
– Una visión integradora del pluralismo, entendiendo que la Constitución debía ser un marco de convivencia, no un arma arrojadiza.
– Un profundo sentido histórico, que le permitía leer los conflictos presentes con la perspectiva de quien conocía las raíces largas de España.
Su obra académica sigue siendo referencia obligada, especialmente, la relativa a la evolución del constitucionalismo. Pero su aportación más valiosa quizá fue otra: demostrar que el Derecho puede ser un instrumento de civilización frente al fanatismo y la violencia.
El rechazo sereno al terror
Tomás y Valiente nunca se dejó intimidar por ETA. No necesitó grandes discursos: su rechazo al terrorismo era ético, racional y sereno, propio de quien sabía que la violencia no es sólo un crimen, sino una negación de la convivencia democrática.
ETA lo asesinó porque representaba exactamente lo contrario de lo que la banda pretendía imponer:
– diálogo frente a imposición,
– razón frente a miedo,
– Estado de Derecho frente a barbarie.
Desde el punto de vista político-criminal, se trató de un atentado orientado a socavar la legitimidad institucional y generar un efecto desestabilizador. En este sentido, el crimen se enmarcó en una estrategia de ETA destinada a intensificar el terror mediante ataques selectivos con alto impacto público, como el previo asesinato de Fernando Múgica o el secuestro de Ortega Lara. Desencadenando una conmoción social inédita. Miles de mujeres y hombres salieron a la calle, no sólo para condenar el crimen, sino para reivindicar la figura del intelectual que había hecho de la libertad y su defensa de los derechos fundamentales su oficio y vocación.
Manos Blancas: el punto de inflexión jurídico-social en la reacción frente al terrorismo de ETA
En aquel clima de indignación colectiva y, ante la conmoción generada en la comunidad académica, se propició una reacción espontánea: Adrián González Lipiani, estudiante de 23 años que se encontraba en el edificio, propuso la realización de una protesta inmediata mediante un gesto visual que pudiera condensar la repulsa social. Así surgió la idea de alzar las manos pintadas de blanco, símbolo que en pocas horas se transformó en un movimiento cívico de dimensión nacional.
El gesto espontáneo de unas manos blancas se convirtió en un catalizador democrático. Aquella reacción social no sólo simbolizó el rechazo a la violencia, sino que contribuyó a fortalecer:
- la cultura de denuncia pública del terrorismo,
- el papel de la sociedad civil en la defensa del Estado de Derecho,
- y la articulación de una memoria democrática que reconoce el valor de quienes ejercieron su función pública bajo amenazas constantes.
La marea que nació en la Facultad de Derecho de la UAM se consolidó como un movimiento transversal que anticipó, en términos de movilización y conciencia social, la respuesta masiva que España mostraría un año después ante el asesinato de Miguel Ángel Blanco.
Treinta años después: memoria y responsabilidad
Recordar a Tomás y Valiente no es un ejercicio ritual. Es un acto de responsabilidad y lealtad democrática. Su asesinato recuerda que la violencia quiso quebrar la convivencia, pero también que la respuesta de la sociedad fue más fuerte que el miedo.
Su legado sigue vivo en:
– la jurisprudencia constitucional que ayudó a construir,
– la universidad que defendió como espacio de libertad,
– y la convicción de que la democracia se sostiene sobre la palabra, nunca sobre las armas.
Treinta años después, su figura continúa siendo un faro moral en un tiempo que a menudo parece olvidar la fragilidad de lo conquistado. Y su muerte, una advertencia: el Estado de Derecho se defiende cada día.

Fotografías de Cover/Getty Images, huffingtonpost, 14/02/2026

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