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La Unión Europea ha dado un paso decisivo para frenar lo que considera un riesgo creciente: el impacto del diseño adictivo de TikTok en la salud mental de niños y adolescentes. La Comisión Europea acusa a la plataforma de vulnerar la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), al no evaluar ni mitigar adecuadamente los efectos de funciones como la reproducción automática o el scroll infinito, mecanismos que promueven un consumo compulsivo del contenido y dificultan que los usuarios, especialmente los menores, puedan desconectar.

Este anuncio llega en un momento clave para España, que ultima una legislación que prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 16 años, poniendo en el centro el derecho de la infancia a un entorno digital seguro y el principio de su interés superior, piedra angular del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Una arquitectura pensada para retener, no para proteger

Para Bruselas, el problema no es únicamente lo que se ve en TikTok, sino cómo se ve. Las funcionalidades de recompensa inmediata (un nuevo vídeo al segundo, estímulos sin pausa, novedad constante) activan el llamado “modo piloto automático”, un patrón de navegación que debilita el autocontrol y fomenta conductas compulsivas, según recuerda la Comisión. Estudios científicos citados por el Ejecutivo comunitario ya han documentado cómo estos mecanismos alteran los circuitos de recompensa del cerebro en desarrollo, generando picos de dopamina similares a los que producen otras formas de adicción conductual.

La UE reprocha a TikTok no haber analizado de forma adecuada estos efectos y haber ignorado señales de alarma, como el tiempo que los menores pasan conectados de madrugada o la frecuencia con la que abren la aplicación. Se trata, según Bruselas, de indicadores clásicos de uso problemático que la compañía ni midió ni abordó.

Un cumplimiento que exige anticipación, no excusas

Aunque TikTok ha introducido en los últimos meses ajustes como límites de uso o herramientas parentales, la Comisión considera que estos mecanismos son insuficientes. Señala, por ejemplo, que los avisos de tiempo pueden desactivarse con facilidad y que los controles para padres requieren habilidades y tiempo del que no todas las familias disponen. La DSA exige un enfoque de responsabilidad proactiva: no basta con ofrecer opciones, hay que demostrar que el diseño de base no pone en riesgo a usuarios vulnerables.

El mensaje es claro: en la era digital, cumplir la ley no consiste en redactar buenas políticas de privacidad, sino en rediseñar arquitecturas tecnológicas que no se sostengan sobre la explotación de la vulnerabilidad biológica de la infancia.

Un sistema que afecta al desarrollo cerebral

La preocupación de Bruselas es profundamente material: no se queda en la esfera ética, sino que apunta al daño “físico y emocional”. El scroll infinito, la recompensa variable y la hiperestimulación fragmentan la atención, alteran los ciclos de sueño y afectan al desarrollo de funciones ejecutivas esenciales en los menores. Se trata de impactos reales en cerebros en plena maduración, y por tanto de una cuestión de derechos fundamentales.

En palabras de Henna Virkkunen, vicepresidenta de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia de la Comisión, la adicción a las redes sociales “puede tener efectos perjudiciales en el desarrollo mental de niños y adolescentes. En Europa protegemos a nuestros ciudadanos —y especialmente a nuestros niños— también en el entorno digital”.

Multas millonarias, pero un riesgo reputacional aún mayor

La compañía se enfrenta ahora a una posible multa de hasta un 6% de su facturación global anual si no corrige estas prácticas. En investigaciones anteriores en el marco de la DSA, las sanciones han alcanzado los 100 millones de euros, aunque Bruselas deja claro que está dispuesta a ir más lejos si la conducta lo exige. Sin embargo, el verdadero coste podría ser reputacional: la era de crecer a base de retener la atención del usuario —especialmente la infantil— está tocando a su fin en Europa.

España, la infancia y el derecho a un entorno digital seguro

La advertencia a TikTok coincide con el impulso normativo español para prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años. Este debate no es ideológico, sino jurídico y social: se trata de garantizar el derecho de los niños y niñas a desarrollarse sin exponerse a sistemas diseñados para secuestrar su tiempo, alterar sus ritmos de sueño o sustituir sus interacciones presenciales por bucles digitales adictivos.

La Convención sobre los Derechos del Niño obliga a los Estados a proteger a la infancia frente a toda forma de explotación, incluida la explotación comercial derivada de algoritmos diseñados para maximizar beneficios a costa del bienestar de los menores. En este sentido, la acción de Bruselas y las medidas anunciadas en España no son una reacción aislada, sino parte de una tendencia internacional hacia la ética del diseño y la protección integral de los niños en entornos digitales.

Tecnología para potenciar, no para capturar

La UE envía un mensaje inequívoco: la tecnología debe ampliar las capacidades humanas, no erosionarlas. Y el cumplimiento normativo, especialmente cuando hablamos de infancia, es inseparable de la salud mental y de la obligación de las plataformas de evitar daños previsibles.

La regulación no pretende frenar la innovación. Al contrario, busca que ninguna innovación avance a costa del bienestar de quienes más necesitan protección.

By Jurista Feminista

Imágenes generadas con IA Gemini